PROYECTO PRISMA, SALUD MENTAL Y DERECHOS HUMANOS repudia el ataque a la CDPD que promueve la editorial de Febrero 2019 de la ASOCIACIÓN MUNDIAL DE PSIQUIATRÍA (WPA).

Si hay miembros de la WPA y de otras agrupaciones nacionales e internacionales que no están de acuerdo con este llamado para enmendar la CRPD y, mientras tanto, ignorarla, si hay psiquiatras en el mundo dispuestos a “romper con” el viejo paradigma de control” (Bartlett, 2019: 50) y tomar nuevas salidas, entonces podría ser el momento de que hablen.

PROYECTO PRISMA SM Y DD.HH se solidariza con la carta abierta publicada por ENUSP y avalada por usuarios y sobrevivientes de la psiquiatría de todas las regiones del mundo.

Carta Abierta a la

World Psychiatric Association

Esta carta es una reacción al último número de World Psychiatry (Volumen 18, Número 1, febrero de 2019), Una publicación oficial de la WPA. Nos gustaría expresar nuestras preocupaciones con respecto a su contenido, así como a las perspectivas excluidas al abordar el tema.

En términos de contenido, nos gustaría llamar la atención sobre la Editorial: al analizar los desafíos de la implementación de la CDPD, el autor propone ‘ignorar, reinterpretar o enmendar la CDPD’ como vía para avanzar, y concluye que los gobiernos deben “ignorar la Convención cuando interfiera con un enfoque de sentido común” (Appelbaum, 2019: 2). Esto no es nada menos que un llamado oficial de la WPA para ignorar el derecho internacional y los derechos ganados con tanto esfuerzo de las personas con discapacidades, incluidas las personas con discapacidades psicosociales como se consagra en la CDPD. Esta convocatoria, proveniente de la organización internacional representativa de los profesionales de la psiquiatría podría dañar los esfuerzos nacionales para construir un marco legal en cumplimiento con la CDPD, que es una obligación inmediata de los estados parte. El enfoque de “sentido común” y la falta de control de la psiquiatría que ha prevalecido hasta ahora ha tenido un impacto devastador en las personas con discapacidades psicosociales. Este enfoque de los derechos de una población marginada tiende a naturalizar la discriminación; de ahí la necesidad de respetar tratados de derechos humanos.

En términos del proceso, desde el enfoque metodológico del tema de esta edición vemos que el debate sobre cuestiones centrales en nuestras vidas, como nuestra capacidad, nuestros mejores intereses y nuestra voluntad y preferencias se lleva a cabo sin nosotros:  usuarios y sobrevivientes de la psiquiatría que somos esas personas con discapacidad psicosocial que exigimos el respeto absoluto de la CDPD y la prohibición de tratamientos forzados.  Ninguna de las ocho contribuciones está escrita por una persona con experiencia vivida que se opone al tratamiento forzado. Es decir, pueden haber vivido la experiencia, pero están a favor de la fuerza. Eso no está en cuestión.  Eso es diversidad psicosocial.

Los usuarios y sobrevivientes de la psiquiatría de todas las regiones del mundo y otras personas con discapacidades que participan directamente en la negociación y redacción de esta histórica Convención lograron un fuerte consenso, junto con los Estados parte, sobre la necesidad de un nuevo paradigma basado en los derechos humanos. No discriminación y acercamiento social a todas las discapacidades. Esto no fue “debido a un proceso de redacción que fue capturado por algunos de los elementos más radicales del movimiento de derechos de los pacientes, que están dispuestos a sacrificar el bienestar de las personas con discapacidades “(Appelbaum, 2019: 1), sino que fue un logro importante de nuestra humanidad compartida y nuestra creencia en la libertad.

1)EDITORIAL PUBLICACIÓN WPA APPELBAUM

Este nuevo paradigma no tiene por qué basarse en la “pericia psiquiátrica”, el concepto de “enfermedad mental” y/o “información clínica” que la WPA cree necesaria, sino en los esfuerzos continuos de las personas con discapacidades para contribuir de manera significativa a los muchos cambios necesarios. Implementar la CDPD. La mayoría de los contribuyentes a este tema desde el sector de los médicos psiquiatras presentan una imagen muy polarizada de la implementación versus la no implementación de la Convención. Cuestiones como la interpretación de la voluntad y las preferencias, las directivas anticipadas, cómo proporcionar un apoyo efectivo, formal o por asistencia personal y no acompañamiento terapéutico-; la protección contra la influencia y explotación indebidas o los cambios requeridos a las leyes penales que permiten a las personas con discapacidades el alojamiento y los apoyos adecuados no requieren, por definición, privar a las personas con discapacidades de su libertad y capacidad de decisión.  Los derechos fundamentales no se contradicen inevitablemente entre sí, como afirman Szmukler y otros psiquiatras sobre el tema. Esto es lo que las personas con discapacidades, la sociedad civil, los profesionales y las autoridades estatales debemos trabajar juntos.

El enfoque general de la editorial en cuestión, no solo promueve el mantenimiento del statu quo, sino que también ejemplifica la práctica misma de excluir y sustituir nuestras voces. Escribimos esta carta abierta desde las perspectivas de aquellos a quienes se les ha negado la capacidad legal, cuya voluntad y preferencias han sido ignoradas y sus “mejores intereses” definidos por otros: “los expertos”; escribimos desde las perspectivas de aquellos que han sido maltratados por un tratamiento psiquiátrico forzado y que tradicionalmente y de manera deliberada se nos excluye de espacios como esta publicación, donde se debaten nuestras vidas. De hecho, la CRPD está precisamente allí para garantizar que lo que tenemos que decir ya no sea silenciado y marginado por más tiempo. Escribimos por los que están privados de la libertad y por la insistencia de conocer a nuestra comunidad de personas con discapacidad psicosocial en el amparo de la CDPD, por la resistencia a tramitar CUD, por la insistencia en ningunear la concepción “discapacidad psicosocial” de parte de amplios sectores y fortalecida por psiquiatras que no respetan los DD.HH.

En esta breve declaración, no participaremos en detalle con la argumentación presentada por Szmukler. Lo hemos leído con gran interés junto con todos los comentarios y nos encontramos de acuerdo con varios argumentos en contra presentados (Bartlett, Funk y Drew, Flynn, Puras y Gooding). En lugar de repetir lo que ya se ha dicho, señalaremos algunos aspectos adicionales que consideramos que no se han abordado lo suficiente:

1. La coerción no es atención, incluso no lo es como excepción

Toda la argumentación a favor de privar de la libertad a las personas con diagnósticos psiquiátricos, a favor de la violación de sus derechos fundamentales, de su integridad física y mental bajo el argumento de protegerlos se basa en presunciones sobre la utilidad y la eficacia del tratamiento psiquiátrico. Se presta poca atención a la naturaleza de este tratamiento y la evidencia existente de su nula capacidad para ayudar, proteger y apoyar. Además, no hay evidencia que respalde la naturaleza biológica de lo que se está tratando (Kupfer, 2013) o el éxito de dicho tratamiento (Bola y Mosher, 2003). Por el contrario, existe una cantidad considerable de evidencia que impugna dicho tratamiento y también apunta a malos resultados de salud y una esperanza de vida drásticamente más corta de los que recibieron tratamiento psiquiátrico (Moncrieff, 2016, Gøtzsche et al., 2015, Moncrieff, 2013, Whitaker, 2010). Los conflictos de intereses de los responsables políticos, los prescriptores y las instituciones que se relacionan con la industria farmacéutica y la falta de transparencia con respecto a los ensayos y la efectividad de los tratamientos también deben considerarse con mayor atención. (Mental Health Europe, 2019).

A la luz de estos hechos, la promoción del tratamiento psiquiátrico (forzado) como un “derecho a la salud” es particularmente irónica. Todo el debate se centra exclusivamente en las “características del paciente” y deja las características del tratamiento completamente indiscutibles. Pensar en la CDPD y su implementación es inseparable de arrojar luz y reevaluar las respuestas biomédicas a las personas que se consideran psiquiátricamente “desordenadas”. En lugar de promover la necesidad de un tratamiento farmacológico y electroconvulsivo forzado como solución a situaciones complejas, debe haber honestidad y transparencia sobre la naturaleza controvertida de estos tratamientos, sus numerosos efectos perjudiciales evidentes y su incapacidad para evitar lo que dicen ser “preventivos”. : ver, por ejemplo, la estadística sueca de suicidio de 2007, que muestra que el 86% de las personas que se suicidaron ese año fueron tratadas con medicamentos psiquiátricos en el año de su suicidio (Larsson, 2009).

2. La excepción se convierte rápidamente en la norma.

Como lo han observado varios autores en la revista WPA y otros académicos, las intervenciones que inicialmente se presentan como “excepcionales” o como “último recurso” a menudo terminan convirtiéndose en la norma y se convierten en el primer recurso utilizado. Esta tendencia se puede observar, por ejemplo, en el aumento significativo de las tasas de orden de tratamiento comunitario (CTO) en el Reino Unido desde su introducción (Trevithick et al., 2018), así como en el aumento de ambas hospitalizaciones involuntarias (“excepcional” o “último recurso”) como preámbulo para una vía rápida de ejecución, el seguimiento del “procedimiento de peligro inminente” y los CTO en Francia desde la reforma de la ley 2011/2013 (Coldefy et al, 2015). Para una comparación internacional, consulte también varias estadísticas de países europeos (Mental Health Europe, 2018).

3. Uso desproporcionado de la coerción en el tratamiento de grupos sociales desfavorecidos

Si las intervenciones forzadas tienen como objetivo la protección y el “salvar vidas” ¿por qué algunos miembros de la población son receptores más frecuentes que otros, en la aplicación de tales intervenciones? ¿Puede ser que la psiquiatría se preocupe más por las personas socialmente excluidas y / o que viven en la pobreza? La revisión independiente de la Ley de Salud Mental en el Reino Unido para 2017/2018 determinó que “hubo 289 detenciones por cada 100.000 habitantes para minorías étnicas nacidos o no en Reino Unido, en comparación con 72 para el grupo de personas blancas.” y que “las tasas de CTO para minorías étnicas nacidos o no en Reino Unido era ocho veces mayor que para los del grupo de personas blancas. “(Legraien, 2018). La institución de la psiquiatría es parte de otros sistemas de opresión que se cruzan entre sí y trabajan en sinergia. ¿Cómo podemos trabajar hacia el cambio si esta realidad ni siquiera se reconoce y el debate continúa sólo en términos abstractos y universales? La implementación de la CDPD requiere el desarrollo de sistemas de apoyo capaces de abordar y equilibrar los poderes en lugar de reproducir y hacer cumplir las desigualdades estructurales de nuestras vidas en virtud de ser negadas por el poder y multiplicadas por el sistema. Miles y miles de personas privadas de la libertad en la región porque se ha psicopatologizado la pobreza no arrojaran resultados diferentes a los que se detallan más arriba y son de Europa.

Hay una intencionalidad de despojar de los Derechos Humanos que amparan a las personas con discapacidad psicosocial que acentúa la triste realidad existente.

4. La posibilidad de un tratamiento forzado por sí solo hace que cualquier interacción con los servicios de salud mental sea potencialmente coercitiva

El debate de la revista aborda el tratamiento psiquiátrico involuntario como un tema completamente separado del tratamiento voluntario y no reconoce que es el potencial coercitivo del tratamiento lo que determina su impacto general y está en total oposición a las nociones de apoyo y curación. Las intervenciones involuntarias no afectan solo a las personas sometidas a ellas:

“Que una persona pueda ser obligada a recibir tratamiento psiquiátrico afecta a cada paciente internado, independientemente de si su estadía es voluntaria o involuntaria. Es casi imposible ignorar que está siendo atendido dentro de un marco legal que permite el tratamiento en contra de su voluntad “. (Campbell, 1996: 59)

Todo ciudadano puede ser privado de la libertad en forma involuntaria si permitimos la opción de tratamiento forzado; quedando más expuestas a esa privación de la libertad personas que por su condición social, por ser una minoría, por cuestiones de género y color padecen discriminación.  No podemos apoyar una medida que es discriminatoria que tiene implicaciones para cualquier persona que entre en contacto con el sistema de salud mental.

Por lo tanto, el debate relacionado no puede continuar basándose solo en casos “excepcionales” y/o escenarios creados en base a supuesta peligrosidad o riesgo inminente ni como último recurso.

EN CONCLUSIÓN

Las disposiciones de la CDPD abren preguntas fundamentales sobre cómo nos relacionamos entre nosotros en la sociedad, incluso en circunstancias difíciles, como por ejemplo las crisis suicidas. No hay respuestas fáciles a tales preguntas, ni pueden ser resueltas únicamente por documentos legales. El valor y una de las contribuciones más importantes de la CDPD es que abre nuevas vías para reflexionar sobre las preguntas y reclamar las tareas que tradicionalmente se delegaban a la psiquiatría. Sobre la base de un modelo social de discapacidad, la guía de la CRPD de la ONU y del Comité de la CRPD nos ofrece una perspectiva importante para alejarnos del paradigma biomédico cuando se manifiesta la locura y la angustia, explorar no solo respuestas dignas sino también socialmente responsables y de buena calidad ante las crisis humanas. Esto requiere la renuncia al poder por parte de la profesión psiquiátrica y una redefinición del papel de la psiquiatría en la sociedad. En momentos de un giro histórico tan significativo, en lugar de admitir sus muchos fracasos y aunar esfuerzos para desarrollar colaborativamente diferentes y mejores respuestas, la WPA ha optado por expandir su “experiencia” en el campo de la legislación para “salvar a la CDPD de sí misma”.

Si este no es el caso de todos los psiquiatras y si hay miembros de la WPA y de otras agrupaciones nacionales e internacionales que no están de acuerdo con este llamado para enmendar la CRPD y, mientras tanto, ignorarla, si hay psiquiatras en el mundo dispuestos a “romper con” el viejo paradigma de control” (Bartlett, 2019: 50) y tomar nuevas salidas, entonces podría ser el momento de que hablen.

Firman:

European Network of (Ex-)Users and Survivors of Psychiatry (ENUSP)
Absolute Prohibition Campaign
The Center for the Human Rights of Users and Survivors of Psychiatry (CHRUSP)
Red Esfera Latinoamericana de la Diversidad Psicosocial
TCI Asia Pacific
World Network of Users and Survivors of Psychiatry (WNUSP)

____________________

Texto original:nusp.org/2019/03/19/open-letter-to-wpa-response-to-the-attack-on-the-un-crpd/

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