Mi problema es la indignidad naturalizada por quienes deben luchar por la dignidad de las personas entendiendo que la dignidad es la base de los Derechos Humanos
El efectivo cumplimiento del derecho es el resultado de su ejercicio y no se agradece gozar del mismo cual si fuera un beneficio que surge de una obra de caridad que conlleva una enorme cantidad de prejuicios sobre la persona que es sujeto “de la caridad”.
Saberse sujeto de derecho y pretender ejercerlo y pedir que la dignidad prime parece inadecuado en nuestro país si se padece una discapacidad psicosocial.
En una Defensoría de Pobres, Incapaces y Ausentes, cabe preguntarse qué régimen de afectaciones opera para que la lógica manicomial irrumpa en el momento más inesperado y bajo formas insospechadas hasta que eso sucede.
Pobres (los pobres…), Incapaces… (de qué—) y Ausentes (ausentes dónde…) Analizar estos enunciados no es la intención en este momento, sin embargo, es oportuno decir que algo de una concepción del otro a asistir es muy evidente y la evidencia parece reñida de la dignidad.
Cierta falta de claridad sobre el rol y la tarea del abogado representante pueden hacer que una abogada se comporte como la más siniestra enfermera de un manicomio.
“Uno anda con lo puesto”[i] , dice la canción y de lo puesto: llevo con poca gracia el estigma -pues no me someto a él como si fuera una corona cuyo peso debo soportar-, por el contrario, me olvido que lo tengo hasta que la conducta del otro me recuerda “mi lugar”. Mi lugar de loca a la que se le puede interpelar con un “¿Cuál es su problema?” en tono acusador que deja entrever una amenaza si persisto en mi postura de pedir que no se naturalice lo indigno.
No contenta con preguntar de modo tal que todo “lo perverso” pareciera que lo encarno yo, la abogada devenida enfermera manicomial en el trato (el destrato y/o el maltrato) va por más y me enfrenta a la realidad: mi vida en riesgo no es igual a la vida en riesgo de un niño con leucemia. Ella no se da cuenta que ha puesto un valor a la vida mía, inferior a la del niño y en “su defensa y la de sus pares” pretende hacerme sentir desagradecida respecto al trabajo del abogado que dio lugar a que pueda hacer ejercicio de mis derechos. Hace tres años de esa situación y corrió mucha agua bajos los puentes…
Soliloquio I: Me muerdo la lengua y no le digo que su comportamiento se parece al del vendedor callejero que ofrece un par de medias añadiendo “no quiero salir a robar”… Hay olor a amenaza en sus palabras, hay un intento de culpabilizar(me) por la acción de robar si no compro y en este caso también: la amenaza es que alguien decida que “yo estoy mal”.
¿Cuál es el sentido de retrotraer la escena más de tres años atrás si el problema es hoy, aquí y ahora? Concreto y real.
Sin contexto no existe el texto sino como entelequia o acertijo y no es el caso.
¿Qué sentido tiene contextuar el texto en el texto amplio de relatos de la indignidad en la que vivimos? Pueden acusarme de goce si detallara las penurias a las que nos vemos sometidos y si además agregara la violencia y la corrupción institucional que padecemos los que no queremos que nuestras vidas se transformen en destino, cuál si fuéramos piedras en loca carrera para convertirnos en cantos rodados: todo el país está en estado de emergencia para los que menos tenemos y que en su conjunto los que menos tenemos somos los que trabajamos precarizados o los que no trabajamos, emergencia en salud por sobre todas las cosas y en primer lugar de la salud mental de todos sin distinción alguna.
En este marco desquiciado todos los días nos enteramos del retiro de prestaciones de parte de la OS.
¿Es válido estar inquieta si la prestación en cuestión no está autorizada cuatro meses después de la fecha prevista? ¿Si hay personas trabajando sin saber si su trabajo y presupuesto fue aceptado por el pagador demandado?
Por supuesto que sí: las personas que brindan la Prestación de Apoyo no pueden desempeñar el rol y acompañarme “en salud y con salud” si no saben si su trabajo está aprobado y no cobran.
Ellas deben escuchar y contener las angustias mías, que nacen en la incertidumbre de, una vez más, no tener contrato de trabajo y no cobrar el sueldo.
La salud del vínculo requiere de un trabajo intenso para no caer en la alienación de ignorar que padecemos la misma violencia y sus distintos efectos en cada una. Se trata de trato en pie de igualdad.
Se instala en el vínculo una tensión que fluctúa entre la alienación y la des-alienación en un continuo ritornello de los problemas que me ocasiona estar desamparada laboralmente a los problemas que me causaría que ellas (mis asistentes personales) no puedan continuar el trabajo que realizan conmigo por la real y concreta falta de pago.
Esta situación, en dos oportunidades, me condenó a la crisis y a la internación. Si esta vez es diferente es por lo que no tuve en ese entonces: asistentes personales en carácter de Prestación de Apoyo suministrada por una OS mediante Recurso de Amparo y en el marco de la lucha por lograr una afiliación definitiva a la que dio lugar un juez y no se efectiviza.
Es necesario contextuar la situación de las personas que trabajan ofreciendo la Prestación de Apoyo: profesionales con trabajos precarizados que nunca tienen fecha cierta de cobro y pueden tener que trabajar hasta ocho meses sin cobrar.
Actualmente, una de las prestaciones de apoyo que tiene mucha demanda es la de APND -asistentes personales no docentes. (integraciones escolares desde muy temprana edad hasta educación secundaria y universitaria realizadas por psicólogas). La realidad es que hay una cuasi-deserción masiva de las profesionales que desempeñan el rol por falta de pago, suscitándose situaciones muy dolorosas para ellas, para los niños y sus familias que en algunos casos intentan manipular-las con la culpa de abandonar a los asistidos sin reparar en la responsabilidad que en eso tiene el pagador, casi siempre una O.S o una pre-paga y en la humana imposibilidad de trabajar sin cobrar. ¿Quién es «el eslabón» más débil en esta cadena? ¿El asistido o el asistente? No hay asistido sin asistente. ¿Desaparece la necesidad? No, se condena al necesitado.
En líneas generales, el rol, el lugar y la importancia de los apoyos (formales e informales) es algo que no se entiende en su verdadera dimensión y desde la ignorancia más absoluta puede verse y pensarse como algo superfluo.
¿Es posible interpretar el padecimiento en la salud mental desde la analogía que hacen los psiquiatras con liviandad al decir que un diagnóstico de esquizofrenia es igual a un diagnóstico de diabetes puesto que se trata de tomar medicación de por vida? No debiera servir puesto que no es lo mismo uno que otro pero sigamos con esa lógica ilógica: ¿es más importante garantizar insulina que la continuidad del servicio de asistentes personales?
No faltará quien diga que no es lo mismo y que la falta de insulina puede poner en riesgo la vida de la persona.
La ausencia de un asistente personal también pone en riesgo la vida de la persona que lo necesita.
¿Se puede comprender eso? La respuesta más frecuente es que no, no se comprende.
¿A qué se debe la falta de comprensión en este caso? A la comprensión que se hace sobre la persona con discapacidad psicosocial desde el pensamiento manicomial que mora aún en un discurso que se pretende progresista… en cada pliegue de la construcción de un pensamiento que no se vuelve praxis en la plena convicción de promover el acceso a la Justicia y los derechos, sino de estar “beneficiando” con acciones que se deben agradecer.
Lo manicomial aparece en la pregunta ¿Cuál es su problema?, en el modo, en la intimidación, en la violencia, en el des-decir, en la confusión y hasta en el patoterismo del trato desconsiderado desde el lugar de poder ejercido por quién “me debe defender”.
Pareciera ser que lo que importa es el resultado y no el modo ni lo que sucede en el mientras tanto se llega a un resultado que es por demás incierto en el contexto actual hasta que no haya acciones firmes que den cuenta que la prestación está garantizada.
Una prestación de apoyo que debió estar garantizada a fines del mes de abril de 2017 a la fecha no tiene aprobación, no implicó que mis asistentes personales dejaran de trabajar al mismo tiempo que evaluaban la posibilidad de tener que dejar el trabajo por falta de pago.
Sin duda alguna esto trajo aparejado tensiones y miedos de ambas partes: mías por el miedo a volver a quedar sin el recurso humano que me garantice autonomía en la vida y de ellas por disponer de un tiempo para mí sin un marco de garantías para el trabajo.
Me pregunto si “la abogada” trabajaría por mí sin “garantías sobre sueldo y demás derechos que tiene como trabajadora” y de los que no gozan mis asistentes personales. Seguramente no. Conozco lo que es peregrinar en busca de un abogado cuando no se tiene dinero. En una Defensoría de Pobres, Incapaces y Ausentes todo un marco laboral garantiza las condiciones de trabajo de todos los abogados en todas las jerarquías que se contemplan, (servidores públicos igual que los médicos en los hospitales y yo misma en mi función en una oficina estatal)
Paradoja: la abogada no responde a mis preguntas sobre la incertidumbre sino que pregunta en tono autoritario si el servicio se dejó de prestar naturalizando el maltrato institucional y multiplicándolo sobre mí y sobre mi asistente.
Soliloquio II: «ya sé, tenés razón… » Por qué quejarme por lo que padecen en silencio todos… ¿ese es tu pensamiento centrado en el resultado sin importar el proceso?.
La abogada desconoce cuánto sé del trabajo que hacen en una Defensoría y me siento ofendida en mi inteligencia y sensibilidad y le pido a mi asistente que dé cuenta de mi respeto por el trabajo que ha permitido el acceso a uno de los derechos que me fueron violados, pero la abogada sugiere que es un lugar incómodo para mi asistente personal después que ella naturalizó que trabajara sin cobrar (insisto, algo que ella no haría por mí).
No importa mi desvelo ni mi miedo fundado en datos de la realidad a perder a mis asistentes y mi malestar por la mala información recibida.
Parece ser que lo que importa es “no molestar” porque las Defensorías de Pobres, Incapaces y Ausentes desbordan de situaciones donde está en juego la vida de las personas… es claro que para algunos de los trabajadores de estas Defensorías, saber cuándo la ausencia de un recurso es un riesgo para la vida de una persona es más fácil de dimensionar si se trata de garantizar el acceso a un medicamento y no se piensa igual si se trata de garantizar “una presencia” –eso es un apoyo: una presencia.
Sobre quien necesita de esa presencia y sobre quien la brinda, a los ojos del pagador y algunas veces de los defensores (abogados y jueces) se juega un entretejido rayano en lo macabro de juicios y prejuicios donde es muy difícil distinguir qué es lo que hace que finalmente el trabajo del abogado en ese marco sea descrito por él mismo como un gesto caritativo para alguien cuya vida parece tener menor valor y donde el dinero para el pago del servicio en cuestión, la prestación de apoyo, no es tan importante como el dinero destinado al pago de un medicamento… (acá aparece lo manicomial y lo asilar-caritativo-asistencialista Vs. derecho-autonomía-dignidad).
¿Son casos “peores”, acreedores de urgencias, los que demandan un medicamento y necesitan urgente resolución porque el sufrimiento del cuerpo es palpable y el sufrimiento del alma del otro un intangible imponderable que puede esperar? ¿Cómo hacer para que las respuestas acordes a cada caso se organicen sobre la noción del respeto al otro defendido?
Quienes asisten brindando la Prestación de APOYO como asistentes personales, no son vistos por los apoyos formales (médicos, abogados, etc.) en su dimensión de pares trabajadores brindando un servicio a quien lo necesita, no se respeta ese trabajo que transcurre en el cotidiano desprovisto de paredes institucionales: la del consultorio, la del despacho, la de un mostrador… trabajo ancestral del otro que acompaña naturalmente (madre, esposa, hija, hermana… otro que tal vez en más del 90% de los casos será una mujer) y no como trabajo rentado. El de la AP es un trabajo realizado por personas profesionales sin andamiaje institucional que otorgue poder, la asistente personal es una “igual al asistido” (casi siempre un desamparado POR EL QUE SE INTERPONE UN RECURSO DE AMPARO y velar por su asistencia es velar por la continuidad de la prestación, lo que implica un pago en dinero en reciprocidad al tiempo dedicado).
El trabajo del AP se realiza sin otro recurso que el cuerpo acompañando en el cotidiano personal siempre singular y variable del “persona a persona y sus circunstancias de vida”.
Trabajo que se desempeña solamente al abrigo de la urdimbre vincular que se pueda establecer con el asistido y que está sujeto a todo tipo de condicionamientos siendo el encuadre del marco laboral digno el marco fundamental para semejante compromiso.
La abogada que motiva estas reflexiones es muy probable que tampoco sienta que brinda un servicio para el acceso a la Justicia por el ejercicio del Derecho a la Salud sino que sienta en este caso su trabajo más cercano a la caridad… de otro modo no se explican sus comentarios, recriminaciones e insinuación de mi falta de agradecimiento.
Esto pone una vez más en cuestión la lógica ilógica de considerar a las cuestiones de la discapacidad psicosocial comparables con la diabetes.
El padecimiento mental surge en el medio social y la recuperación es y debe ser en sociedad. Mi discapacidad, adquirida por los estragos ocasionados por la debacle del 2001 al quedar sin trabajo y sin casa… en determinados contexto me lleva a un lugar de extrema vulnerabilidad.
Si el contexto actual no se evalúa por mi entorno como un factor de enorme vulnerabilidad, quedo expuesta a un quiebre de mi salud y sabiendo eso, exigir por mis derechos es un gesto saludable y no de malestar alguno, lo cual torna absolutamente impertinente la pregunta ¿Cuál es su problema?
Poner en perspectiva las prioridades de los asistidos desde la abogacía en una Defensoría de Pobres, Incapaces y Ausentes implica comprender las diferentes urgencias que genera la Justicia con sus tiempos que jamás son al ritmo del corazón que sostiene una vida. La justicia siempre es kafkiana.
Ordenar esas prioridades es saber cuándo lo único que hace falta (y se puede y se debe hacer) es notificar con precisión y sin errores detalles “del expediente” al asistido. Pensar junto con él estrategias y analizar pro y contra de decisiones. El asistido debe estar informado de cómo está siendo defendido, jamás se le puede dar como argumento la palabra de la parte demandada sin caer en lo violento y es imprescindible que la defensa no sea un factor de aumento de las ansiedades por cuestiones ajenas al acto mismo.
Los abogados, como apoyos formales, no pueden desconocer la importancia de su rol frente al asistido, especialmente cuando se está lidiando con el acceso al Derecho a la Salud.
Un abogado no puede pedir comprensión “por los terribles casos que atiende” cuando producto de su desborde del mundo del trabajo propio incurre en no comprender al representado ni comunica adecuadamente, miente y comete reiteradamente errores.
Es una verdadera paradoja que el saludable malestar expresado por la violencia recibida sea leído como un problema personal del asistido y mucho más apreciar que el asistente (abogado como apoyo formal) es una persona propensa al desborde emocional en todo momento e incapaz de hilvanar pensamientos que se diferencien a respuestas emitidas por un operador de un call center que dan cuenta de un no escuchar, no comprender, no saber hacer su hacer.[ii]
Hay algo muy incómodo al percibir esa situación a la vez que sentirse provocado en los límites de la paciencia que se puede tener a quien nos asiste.
Si ahora me volvieran a preguntar ¿cuál es su problema? mi respuesta sería:
Mi problema es la indignidad naturalizada por quienes deben luchar por la dignidad de las personas entendiendo que la dignidad es la base de los Derechos Humanos.
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